Calamita vuelve a la carga: comparó con “cobayas” a los niños criados por homose...

“Sé distinguir mi función como juez de mi papel como persona normal de la calle”, dijo el ex magistrado de Familia Fernando Ferrín Calamita, al que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) juzga desde ayer por el presunto retardo malicioso de la adopción de un niña solicitada por una mujer lesbiana.

Calamita, que podría ser condenado a 18 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, detalló que el motivo por el cuál pidió un segundo informe sobre la adopción (cuando ya disponía del emitido por la Consejería Social) es que el primero “no iba al núcleo del asunto”. Según el magistrado suspendido, él pretendía un informe que documentara cuál sería la repercusión de la adopción en la menor y a esa petición “no se ha contestado”.

“Psicológicamente mal”

Al precisar sus “preocupaciones” sobre la adopción en la menor, Calamita le explicó al tribunal que "hay informes que dicen que sí, hay informes que dicen que no, que [los menores adoptados por parejas homosexuales] son cobayas humanas, que son experimentos, que el día de mañana van a salir psicológicamente mal".

También comentó que él como juez de Familia, tenía que velar por la niña, "porque tanto la madre adoptante como la madre biológica son mayores de edad y libres de hacer lo que quieran, pero mi obligación era la menor".

En otro momento de la audiencia, Calamita señaló que "nadie tiene derecho a adoptar, sea del sexo que sea; es el adoptado el que tiene derecho a serlo". Fue entonces cuando algunos de los presentes comenzaron a aplaudir los dichos del suspendido juez hasta que el presidente del Tribunal, Julián Pérez-Templado advirtió que desalojaría la Sala si se repetían manifestaciones de este tipo.

Respecto de las pretendidas vulneraciones sobre los derechos fundamentales de Ferrín –lo que incluiría la denegación de algunos de los testigos propuestos a favor del ex magistrado, como alega su defensa- el presidente del Tribunal adelantó que “no ha habido una quiebra procesal de la suficiente entidad como para entender que se han vulnerado los derechos del acusado".