La Corte Suprema de Chile impide que una profesora lesbiana imparta clases

Movilh precisa que el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema en contra de la profesora Sandra Pávez y a favor de la Iglesia Católica, ha sido emitido por unanimidad por cinco votos provenientes de los ministros Adalis Oyarzún, Pedro Pierry y los abogados integrantes Hernán Álvarez y Domingo Hernández. De esa manera la Corte Suprema acoge una sentencia previa de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la cual resuelve que la Iglesia Católica es la encargada de decidir qué profesores pueden o no impartir clases de religión, sin que en ello pueda incidir el Estado, razón por la que las docentes lesbianas no pueden realizar dicho trabajo. "Lo que ha hecho la Corte Suprema es decir que la Iglesia puede excluir a una docente de un colegio laico para ejercer su oficio sólo porque es lesbiana. Es decir, se puede discriminar y violentar el derecho a la vida privada de una persona, pese a tener un desempeño docente y académico de excelencia que es avalado y respetado por todo el mundo", comenta el presidente de Movilh, Rolando Jiménez. Asimismo, el abogado defensor de la docente, Alfredo Morgado, asegura que la situación "es doblemente dramática, porque la Corte ha dicho también que la Iglesia y no el Estado tiene competencia en estas áreas, aun cuando existe separación entre ambas instancias desde 1925 y aún cuando se trate de colegios laicos".

De acuerdo a la Corte Suprema, la Iglesia Católica está facultada para otorgar y revocar a un profesor de religión el certificado de idoneidad que le permita impartir clases, según se establece en Decreto 924 publicado el 7 de enero de 1984. Además, ese certificado debe ser entregado "de acuerdo a los principios morales, filosóficos y religiosos" de la Iglesia, por lo cual "no debe haber ingerencia alguna del Estado". Morgado comenta que “el punto es que en ninguna parte el Decreto 924 dice que gays o lesbianas no pueden dar clases. Sólo habla de idoneidad y de acuerdo a toda la comunidad escolar, Sandra Pavez tiene toda la idoneidad. La Corte Suprema no quiso pronunciarse sobre el asunto de fondo, cual es que en base a la interpretación maliciosa de un Decreto se puede discriminar y violentar los derechos y principios humanos garantizados en la Constitución y en diversos tratados internacionales ratificados por Chile".

Movilh ha anunciado que demandará al Estado Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Si estuviéramos hablando de derechos vulnerados a personas con discapacidad, a minorías étnica o mujeres heterosexuales, de seguro que el Estado no tendría tanta pasividad, pues la experiencia así lo ha demostrado" comenta el colectivo que critica, además, que el decreto incluya también a madres solteras o a aquellas que conviven con hombres en proceso de divorcio, pero no expulsa a los sacerdotes que han tenido hijos. "Estamos preparando una manifestación contra la Corte Suprema y esperamos que todas las personas que tienen un compromiso genuino con los derechos humanos, se sumen a la causa. Además, presentaremos una querella en contra del obispo Juan Ignacio González Errázuriz por los daños y prejuicios ocasionados a Sandra " comenta Movilh.