Un juez argentino duda de la declaración de un menor porque “ser pobre y gay” lo...

“El joven delincuente reúne elementos de marginalidad muy notorios: a su inmadurez, se le endosan un estado de cuasi abandono, su inclinación sexual hacia los hombres y su ‘trabajo’ de sexo a cambio de dinero”. Eso dijo por escrito un fiscal de la Justicia de la provincia argentina de Santa Fe acerca de un adolescente detenido por robo que denunció irregularidades en su arresto: si es homosexual es marginal, si se prostituye también. Y también dio a entender que si es pobre es comprensible que sea mentiroso.

La denuncia fue publicada ayer por el diario Crítica de la Argentina.

Esa sobredosis explícita de prejuicios fue advertida cuando el expediente de la causa penal llegó a manos de la Junta Especial de Salud Mental de la provincia. El juez de sentencia Luis González había recurrido a este equipo de psiquiatras para tener un informe sobre el perfil psicológico de dos chicos que habían denunciado a tres policías provinciales por irregularidades en el procedimiento donde fueron detenidos. Al leer el expediente y llegar hasta las conclusiones del fiscal del caso, Carlos Romero, a los psiquiatras les llamó más la atención las “apreciaciones con un indisimulable carácter prejuicioso y discriminatorio” del representante del Ministerio Público. Y lo informaron este jueves a la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

El caso se remonta al 19 de septiembre del 2006, cuando los dos adolescentes ingresaron en un colegio religioso de la avenida Gorriti, en el norte de la capital santafesina, y robaron dinero de una de las habitaciones. Una monja del establecimiento los descubrió y llamó a la Policía. Tres agentes de la comisaría 10ª llegaron hasta el colegio y detuvieron a los jóvenes intrusos. Uno de ellos es varón, pero estaba vestido de mujer. En la seccional, los policías les quitaron a los detenidos el dinero que tenían en sus mochilas y los hicieron desnudar. Esto último fue negado por la religiosa que ante la Justicia declaró: “Vi a dos homosexuales entrar al colegio”, y que “sólo le habían registrado las mochilas, pero no los hicieron desnudar”.

La Policía liberó poco después a los menores, luego de haberle hecho firmar a uno de ellos dos actas con el nombre de la madre. Un peritaje caligráfico de la Corte Suprema confirmó que la firma de esos documentos fue falsificada. El examen detectó que tanto el acta de entrega de los menores a sus familias como la notificación de sus derechos no habían sido rubricadas por ningún adulto responsable, sino por uno de los menores, acosado por los agentes de la seccional.

La madre del adolescente que firmó las actas, María Esther Tisera, denunció el episodio al día siguiente. La acusación desencadenó el procesamiento de los tres agentes por los delitos de exacciones ilegales y falsificación de documento público.

El 27 de noviembre de 2007, el fiscal santafesino Carlos Romero requirió la elevación a juicio del expediente. En sus argumentos, da por probadas las exacciones ilegales de dos agentes policiales y la falsificación del acta por parte de una oficial de la comisaría 10ª. Sin embargo, plantó una insólita duda. Consideró que “el joven delincuente reúne para sí elementos de marginalidad muy notorios (…) puesto que, a su inmadurez, se le endosan un estado de cuasi abandono, su inclinación sexual hacia los hombres y su ‘trabajo’ de sexo a cambio de dinero”. Romero agregó que “su condición no debe observarse proclive a la mendacidad sin razón, sino a su condición de extrema vulnerabilidad, véase sino el cambio sucesivo de sus declaraciones”.

El juez de sentencia santafesino, Luis González, solicitó el año pasado un dictamen a la Junta de Salud Mental que depende del Ministerio de Salud. El magistrado recurrió a una herramienta que no muchos jueces utilizan y que está contemplada en la Ley de Salud Mental sancionada en 1991. Estas juntas examinadoras tienen una mirada menos positivista que las que se les reconoce a los peritos forenses de carrera. González pidió un informe sobre el perfil psicológico de los dos chicos. El dictamen, confeccionado por dos psiquiatras, un psicólogo y un abogado, llegará esta semana al despacho del juzgado. Los profesionales analizaron el expediente para la elaboración del perfil de los jóvenes. Sorprendidos por la actuación del fiscal Romero, hicieron saber por nota su preocupación al área estatal que tiene incumbencia en situaciones discriminatorias. En una misiva enviada el pasado jueves a la titular de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Rosa Acosta, señalaron que en la causa en la que les tocó intervenir, “el fiscal Romero, en su requisitoria de elevación a juicio, invoca –como un factor relevante para poner en tela de juicio la credibilidad de dos testigos varones– su inclinación sexual hacia los hombres”. La Junta de Salud Mental consideró que “semejante apreciación reviste un indisimulable carácter prejuicioso y discriminatorio”.